Tres de los principales medios de comunicación del país llevaron este lunes a la corte al presidente Donald Trump y a miembros de su administración, después de que sus periodistas fueran impedidos de ingresar a la Casa Blanca y sus credenciales fueran desactivadas o confiscadas.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron castigados por el contenido de su cobertura y denuncian una violación de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. El mandatario asegura, en cambio, que su decisión no constituye un ataque contra la libertad de prensa, sino una respuesta a medios que, según él, publican información falsa.
La relación entre Donald Trump y algunos de los principales medios de comunicación estadounidenses entró este lunes 21 de septiembre de 2026 en un nuevo terreno: el de la corte federal. CNN, MS NOW (la cadena anteriormente conocida como MSNBC) y Politico presentaron conjuntamente una demanda contra el presidente y funcionarios de su administración después de que la Casa Blanca les retirara el acceso al complejo presidencial, una decisión anunciada públicamente por el propio mandatario y ejecutada durante el fin de semana, cuando periodistas de las tres organizaciones intentaron ingresar a trabajar.
Las empresas periodísticas aseguran que no recibieron un procedimiento previo para defender sus credenciales y sostienen que el motivo expresado por Trump, su rechazo a la cobertura que realizan sobre su gobierno, convierte la medida en una represalia basada en el contenido de su trabajo periodístico.
QUÉ PASÓ Y POR QUÉ TRUMP DECIDIÓ PROHIBIRLES LA ENTRADA
El conflicto estalló el viernes 18 de septiembre, cuando Trump anunció, a través de Truth Social, que CNN, MS NOW y Politico quedaban vetados de la Casa Blanca con efecto inmediato. El presidente acusó a las tres organizaciones de publicar reiteradamente lo que denomina fake news y adelantó que otros medios podrían correr la misma suerte.
En el caso de Politico, Trump también volvió a cuestionar pagos por suscripciones gubernamentales realizados durante la administración de Joe Biden, que describió como impropios; Politico ha sostenido previamente que las agencias gubernamentales pagaban por sus servicios especializados de información, como ocurre con otros productos periodísticos profesionales.
Cuando posteriormente los periodistas le preguntaron qué episodio concreto había provocado una decisión de semejante magnitud, Trump dijo que no había existido un acontecimiento específico que funcionara como detonante y habló, en cambio, de una acumulación de cobertura que considera injusta y negativa. “There’s something wrong with a country that can allow people to write purposefully negative things” (Hay algo malo en un país que permite a la gente escribir cosas deliberadamente negativas), dijo el presidente, antes de agregar que los medios podían escribir lo que quisieran, pero que él no estaba obligado a permitirles ingresar a “the people’s house”, (la casa del pueblo).
Betsy Klein, corresponsal de CNN; Akayla Gardner, reportera de MS NOW, y Cheyenne Haslett, de Politico, intentaron ingresar a la Casa Blanca el sábado y fueron rechazadas. Las organizaciones informaron que sus credenciales permanentes habían sido desactivadas y, en algunos casos, confiscadas.
Klein contó públicamente que al intentar utilizar su pase descubrió que ya no funcionaba y que no recibió una explicación adicional sobre el procedimiento que había llevado a la cancelación. Desde ese momento, los periodistas de los medios afectados continuaron informando desde fuera del perímetro de la Casa Blanca.
LA DEMANDA: PRIMERA Y QUINTA ENMIENDA
Este lunes, CNN, MS NOW y Politico respondieron conjuntamente de manera judicial. La demanda fue presentada en una corte federal de Washington D.C. y está dirigida contra Trump y otros funcionarios de su administración, entre ellos la jefa de gabinete Susie Wiles, el director de comunicaciones de la Casa Blanca Steven Cheung y el director del Servicio Secreto Sean Curran.
Los medios solicitaron además una orden de emergencia que permita recuperar el acceso mientras el litigio continúa. El caso quedó asignado al juez federal Timothy Kelly, quien fue nominado por Trump durante su primer mandato.
El argumento central es constitucional. Los demandantes sostienen que la Casa Blanca violó la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa, al retirarles el acceso como represalia por el contenido de sus informaciones. También invocan la Quinta Enmienda y su garantía del debido proceso, argumentando que perdieron sus credenciales sin notificación previa, oportunidad de responder ni un procedimiento mediante el cual pudieran impugnar la decisión.
“Esta prohibición no podría constituir un ataque más directo contra la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales. Sin aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque objetó nuestra cobertura. Si esto no se impugna, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de interferencia gubernamental”, sostienen los tres medios en su demanda.
Además plantea un concepto jurídico que será central en el caso: “viewpoint discrimination”, o discriminación basada en el punto de vista. El argumento de los medios no es que cualquier periodista tenga automáticamente un derecho ilimitado a ingresar a cualquier espacio de la Casa Blanca, sino que, una vez establecido un sistema de acreditaciones y permitido el acceso a organizaciones periodísticas, el gobierno no puede excluir selectivamente a determinadas empresas únicamente porque desaprueba lo que publican.
QUÉ RESPONDE DONALD TRUMP
Trump rechaza que su decisión represente un ataque contra la prensa. Después de conocerse la demanda, volvió a defender su posición y aseguró que distingue entre una prensa libre y aquello que considera información deliberadamente falsa. “La Casa Blanca no está instituyendo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro enormemente”, afirmó, antes de describir las fake news como un problema que, según él, se ha extendido en Estados Unidos, y constituye incluso una amenaza para la seguridad nacional. Hasta ahora, el presidente no ha presentado públicamente evidencia que demuestre que las tres organizaciones constituyan una amenaza para la seguridad nacional.
El mandatario sostiene que los medios señalados publican información falsa o intencionalmente negativa sobre su administración y que la presidencia tiene capacidad para determinar quién obtiene acceso físico a determinadas instalaciones y eventos.
El punto que deberán resolver la corte no será si Trump tiene derecho a criticar duramente a CNN, MS NOW o Politico, un derecho protegido también por la Primera Enmienda, sino si el gobierno puede utilizar las credenciales de acceso como consecuencia de una cobertura que el presidente considera adversa.
LAS GRANDES CADENAS RESPONDEN Y EL POOL PRESIDENCIAL QUEDA AFECTADO
La disputa adquirió una dimensión todavía mayor cuando las otras cuatro grandes cadenas que integran el sistema de pool televisivo: CBS, NBC, ABC y Fox News, decidieron no reemplazar a CNN en sus funciones después de que la cadena fuera impedida de cumplir el turno que tenía asignado. El pool permite que, en situaciones donde no hay espacio para todos los periodistas y cámaras, una organización cubra al presidente y comparta posteriormente el material con el resto de los medios.
Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington y responsable actual del pool televisivo, comunicó que, ante la imposibilidad de CNN de realizar su cobertura asignada, no habría un equipo sustituto. La decisión resulta especialmente significativa porque incluye a cadenas con líneas editoriales muy diferentes entre sí y transforma una disputa entre Trump y tres medios específicos en un conflicto más amplio sobre las reglas bajo las cuales funciona la cobertura cotidiana de la presidencia.
También reaccionó la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Su presidenta, Jacqui Heinrich, periodista de Fox News, pidió que el acceso fuera restituido y advirtió que el problema trasciende a las tres organizaciones involucradas, porque un criterio utilizado para excluir hoy a un medio por su cobertura podría ser utilizado mañana contra cualquier otro. La organización representa a cientos de periodistas de medios estadounidenses e internacionales que cubren regularmente la presidencia.
NO ES LA PRIMERA BATALLA POR UNA CREDENCIAL DE LA CASA BLANCA
La controversia tiene importantes antecedentes judiciales. En 1977, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia examinó el caso del periodista Robert Sherrill, de The Nation, a quien el Servicio Secreto había negado una credencial de la Casa Blanca. La corte determinó que los intereses protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda estaban involucrados y estableció que la negativa debía ir acompañada de una explicación, una oportunidad para responder y una decisión escrita. Ese precedente, conocido como Sherrill v. Knight, continúa siendo una referencia fundamental en las disputas sobre credenciales presidenciales.
Trump ya enfrentó un conflicto similar durante su primera presidencia. En 2018, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa.
CNN acudió a la corte y un juez federal ordenó restablecer temporalmente el pase mientras se resolvía el caso, poniendo nuevamente el foco en las garantías procesales necesarias antes de retirar una acreditación. Posteriormente, el periodista Brian Karem, entonces corresponsal de Playboy, también consiguió judicialmente recuperar su credencial tras otra disputa con la administración.
EL ANTECEDENTE MÁS RECIENTE: ASSOCIATED PRESS
La actual disputa llega además después de otra batalla que todavía tiene implicaciones judiciales. En 2025, la Casa Blanca restringió el acceso de Associated Press a determinados eventos en el Despacho Oval y al Air Force One después de que la agencia decidiera continuar utilizando el nombre ‘Gulf of Mexico’ (Golfo de México), en lugar de adoptar exclusivamente ‘Gulf of America’, la denominación impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva.
En abril de 2025, el juez federal Trevor McFadden, también nombrado por Trump, concedió inicialmente una orden favorable a AP y sostuvo que, bajo la Primera Enmienda, si el gobierno abre determinados espacios a algunos periodistas no puede cerrarlos a otros únicamente por sus puntos de vista.
Sin embargo, el litigio no terminó allí: posteriormente un panel de la Corte de Apelaciones suspendió la aplicación de esa orden mientras continuaba el proceso, y más tarde la corte rechazó una solicitud de AP para recuperar inmediatamente su acceso completo. Por eso, ese caso no debe presentarse como definitivamente resuelto a favor de ninguna de las partes.
La diferencia con el conflicto actual también es importante. En el caso de Associated Press, la disputa se concentró principalmente en el acceso a determinados espacios limitados y al pool presidencial. CNN, MS NOW y Politico sostienen ahora que fueron excluidos de los terrenos de la Casa Blanca en general, a pesar de contar previamente con credenciales permanentes, lo que plantea un escenario jurídico distinto y potencialmente más amplio.
