En 2015 se estrenó The Hunting Ground, un documental sobre las agresiones sexuales en las universidades de Estados Unidos y sobre cómo muchas de esas universidades, encubrían los casos para cuidar su reputación. En ese momento parecía que el problema que mostraba estaba por resolverse. Había audiencias en el Congreso, quejas federales y decenas de universidades bajo investigación.

Once años después, lo que pasó estas semanas en Cornell muestra que no fue así.

LOS HECHOS

El 16 de septiembre, una exalumna de Cornell presentó una demanda civil. La identifican como Jane Doe. Dice que en octubre de 2024, en la casa de la fraternidad Chi Phi, siete miembros la presionaron para tomar alcohol y drogas, entre ellas ketamina, y la violaron cuando no podía consentir. La demanda incluye la captura de un mensaje de Snapchat en el que un miembro de la fraternidad invita a otros a sumarse, y se refiere a ella con una vulgaridad que no voy a repetir.

Ninguno de los siete ha sido acusado formalmente de un delito. Dos niegan los hechos a través de sus abogados. Otro niega haber tenido contacto sexual o consumido drogas, pero reconoce que envió un mensaje incluido en la demanda.

Ella denunció ante la policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024. Ese mismo día, la universidad suspendió a la fraternidad. El capítulo cerró ese año y sigue fuera del campus. Cornell abrió después un proceso bajo Title IX, la ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en cualquier institución educativa que recibe fondos federales. Con los años, los tribunales y el Departamento de Educación dejaron claro que esa ley obliga a las universidades a investigar las denuncias de violencia sexual y a proteger a quien denuncia, para que pueda seguir estudiando.

Es un proceso interno, separado del penal: no manda a nadie a la cárcel, pero puede expulsar a un estudiante, y exige menos pruebas que un juicio. Según la universidad, el de Cornell terminó en expulsiones y suspensiones. El abogado de Jane Doe dice que solo expulsaron a dos de los siete. Ella dejó la universidad.

No hubo cargos penales. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó a finales de septiembre que en su declaración jurada de 2024 ella describió el consumo de drogas y el sexo como voluntarios. También reconoció que su oficina no investigó por su cuenta y que se basó en el trabajo de la policía del campus.

Pero hubo una segunda entrevista. Una semana después de su primera declaración, ella dijo a la policía que estaba totalmente incapacitada esa noche y que la habían violado, según reportes de prensa. Van Houten dijo a CBS News que no había visto la transcripción de esa entrevista.

Después de la demanda, a finales de septiembre, el fiscal reabrió el caso. El martes 29 de septiembre, la gobernadora Kathy Hochul pidió una investigación independiente sobre cómo respondió Cornell. El jueves 1 de octubre fue más lejos: firmó una orden ejecutiva para apartar a Van Houten y nombró como fiscal especial a la procuradora general del estado, Letitia James. Hochul dijo que la nueva información había minado su confianza en el fiscal.

Hay un antecedente que publicó TMZ. En noviembre de 2022, un agente de la policía de Cornell escribió un correo interno en el que se quejaba de que la administración no aplicaba sus propias reglas a las fraternidades. Según esas reglas, ciertas infracciones por alcohol debían terminar en una suspensión provisional inmediata. El agente escribió que la mayoría de las veces las fraternidades no recibían ni un periodo de prueba. Lo envió días después de otra denuncia de drogas y agresión sexual, en otra fraternidad. Ese correo no prueba nada sobre el caso de Chi Phi. Sí muestra que, dentro de Cornell, alguien había avisado que el sistema de disciplina no funcionaba.

UNA LEY QUE SE QUEDÓ ATRÁS

El argumento del fiscal tiene una base: la ley de Nueva York.

En ese estado, la intoxicación por drogas o alcohol solo cuenta como incapacidad mental para efectos del delito de violación si la persona las consumió sin saberlo o en contra de su voluntad. Si tomó por su cuenta, la ley solo reconoce que no podía consentir si estaba inconsciente o no podía comunicar que no quería. Abogados y legisladores llaman a esto la “laguna de la intoxicación voluntaria”. Según la Associated Press, Nueva York es uno de 19 estados con una regla parecida.

El Senado estatal aprobó proyectos para cerrar esa laguna en 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 y otra vez en junio de este año, esta última por unanimidad. Ninguno pasó en la Asamblea. El 30 de septiembre, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció un grupo de trabajo para revisar las leyes de violación del estado antes de fin de año. Otros estados ya cambiaron sus leyes: Minnesota en 2021, Michigan en 2023 y Texas el año pasado.

Las reglas federales tampoco dan estabilidad. Una corte anuló las normas de Title IX del gobierno de Biden el 9 de enero de 2025. Según la demanda, Cornell abrió su investigación formal cinco días después. A finales de septiembre, el gobierno de Trump restituyó oficialmente las normas de 2020, que ya se aplicaban desde esa fecha.

Una estudiante de 19 o 20 años no sabe nada de esto cuando entra a una fiesta. Sus padres, en general, tampoco.

ONCE AÑOS DESPUÉS

Volvamos a The Hunting Ground. Se estrenó en el Festival de Sundance en enero de 2015. Lo dirigió Kirby Dick y lo produjo Amy Ziering, el mismo equipo de The Invisible War, sobre las violaciones dentro del ejército de Estados Unidos. La historia sigue a Annie Clark y Andrea Pino, dos exalumnas de la Universidad de Carolina del Norte. En 2013 presentaron una queja federal bajo Title IX contra su universidad y luego ayudaron a estudiantes de otras universidades a hacer lo mismo. Pino nació en Miami.

El documental también recoge casos en varias universidades, entre ellos la denuncia contra Jameis Winston, entonces mariscal de campo de Florida State. Incluye «Til It Happens to You», la canción de Lady Gaga nominada al Oscar. En la ceremonia de 2016, Gaga la cantó con decenas de sobrevivientes en el escenario. Pino era una de ellas.

Pero no todo fue color de rosa: también recibió críticas serias, y hay que conocerlas. Diecinueve profesores de Derecho de Harvard lo llamaron propaganda por la forma en que presentó el caso de un estudiante de esa facultad. El presidente de Florida State dijo que tenía distorsiones. La periodista Emily Yoffe cuestionó sus cifras y señaló que los cineastas se presentan como activistas, no como periodistas. Los directores defendieron su trabajo en una respuesta pública.

Esas críticas discuten casos concretos. No responden la pregunta que hace la historia: qué hace una institución cuando un problema amenaza su reputación. En Cornell, esa pregunta tiene hoy varias partes. Un agente de su propia policía advirtió en 2022 que la universidad no aplicaba sus reglas. Esa misma policía tomó la denuncia en 2024. El fiscal no investigó por su cuenta y no vio una entrevista clave. Y la ley del estado lleva seis años esperando un cambio que el Senado ya aprobó.

Las cifras van en la misma línea. En la encuesta de la Asociación de Universidades Americanas de 2019, hecha en 33 universidades, el 25,9% de las estudiantes de pregrado dijo haber sufrido contacto sexual no consentido, por fuerza o por no poder consentir, desde que entró a la universidad. Una de cada cuatro. Los investigadores llaman “zona roja” a los primeros meses del primer año, cuando el riesgo es mayor.

LAS PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS

Hay un dato del caso que no me deja tranquilo. Según el New York Times, Jane Doe dijo a los investigadores de Title IX que no se veía como víctima hasta que vio lo ocurrido comentado en un foro en internet.

No sé qué pasó esa noche. Eso lo decidirán otros. Pero me pregunto si esa joven tenía, antes de esa noche, las palabras para nombrar lo que le pasó. Y me pregunto quién debía dárselas.

En casa, a las hijas les decimos que no suelten su trago, que no caminen solas y que avisen al llegar. Son buenos consejos. Pero casi todos tratan de cómo defenderse.

A los hijos les decimos mucho menos. Pocas veces les preguntamos qué harían si un amigo manda al chat del grupo un mensaje como el de Chi Phi. Ese mensaje lo leyó más de una persona. Alguien pudo contestar que no. Alguien pudo salir del chat, tocar la puerta o llamar a alguien.

Creo que hay preguntas que debemos hacer en casa antes de que nuestros hijos se vayan a la universidad:

¿Qué es el consentimiento cuando alguien ha bebido? ¿Puede decir que sí alguien que apenas se sostiene en pie?

¿Qué harías si ves a una amiga, o a una desconocida, demasiado tomada en una fiesta?

¿Qué harías si un amigo escribe algo así en el grupo?

¿A quién llamarías si te pasa algo? ¿Sabes que te vamos a creer?

Y una para los adultos: ¿sabemos cómo maneja estos casos la universidad de nuestros hijos? ¿Lo preguntamos antes de pagar la matrícula?

VÉANLO EN FAMILIA

Por eso les pido que vuelvan a ver The Hunting Ground, o que la vean por primera vez si no lo conocen. Dura poco más de hora y media y tiene clasificación PG-13, así que se puede ver con hijos adolescentes. Yo lo haría. Véanlo, lean también a sus críticos y después hablen en la mesa.

Hace once años, este documental ya hacía estas preguntas. Esta vez no podemos decir que no sabíamos.

Dónde verla: en Estados Unidos está gratis en Plex y Tubi, y también en Kanopy y Hoopla con la tarjeta de la biblioteca pública. Se puede alquilar o comprar en Prime Video, Apple TV, Google Play y Fandango at Home. Estuvo en Netflix, pero ya no está en su catálogo.

Aquí les dejo el avance de The Hunting Ground:

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